Fuerza Popular y Partido Aprista aprueban norma que favorece a Keiko y Alan

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La bancada de Fuerza Popular, con el respaldo de los legisladores apristas, impuso otra vez su mayoría y aprobó una ley que, si es promulgada, permitiría disminuir sustancialmente las penas a sus líderes y otros políticos que son investigados por presunto lavado de activos al haber recibido financiamiento ilegal.

Se trata de una norma que incorpora al Código Penal el delito de financiamiento ilegal de organizaciones políticas, que si bien faltaba tipificar, tiene el objetivo de beneficiar a los investigados por lavado de activos, según señalaron los legisladores en minoría.

Legisladores de Frente Amplio, Nuevo Perú y Acción Popular, así como algunos parlamentarios oficialistas e independientes, expresaron de inmediato su protesta. Esta decisión se toma a cuatro días del referéndum que incluye, precisamente, una pregunta sobre el financiamiento privado a las organizaciones políticas.

"¡Censura¡ ¡Cierren el Congreso¡ ¡No más corrupción!", gritaron a voz en cuello los legisladores en minoría antes de abandonar el hemiciclo en señal de rechazo al dictamen, cuyo debate no estaba previsto en la agenda del Pleno.

En ese momento, Segundo Tapia, quien conducía la Mesa Directiva, optó por terminar abruptamente la sesión por presión del aprista Mauricio Mulder, quien corrió hasta su lado para decirle que levante la sesión. Su voz se filtró a través del micro de la mesa: "Pide exoneración del acta y levanta (la sesión)". Tapia lo hizo.

El dictamen señala que se incurre en financiamiento ilícito cuando se infringe la ley electoral o de organizaciones políticas, entrega o recibe, directa o indirectamente, financiamiento de origen delictivo (...) es reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de diez años".

Asimismo, precisa que "si el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al equivalente a 500 UIT [S/ 2.075.000]", la pena privativa de libertad será no menos de 5 años ni mayor de 20 años, y tendrán 120 a 350 días multa.

Finalmente, establece que las organizaciones políticas creen un programa de cumplimiento de normas, bajo la dirección de un "oficial" designado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales "cuyas opiniones liberan de responsabilidad administrativa, civil y penal a las organizaciones políticas y a sus integrantes". (La República) 

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